El miércoles 23 de septiembre, al cuarto intento, una comisión judicial escoltada por un amplio despliegue policial sacó de su casa a María del Carmen Abascal, Maricarmen, de 87 años y en silla de ruedas. Vivía en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, desde 1956. Unas 400 personas se habían concentrado en la puerta para impedirlo. Esa misma tarde, la policía disolvió con pelotas de goma una manifestación pacífica de repulsa. Tres días después, el sábado 26, Madrid vivió la mayor marcha por la vivienda de los últimos años: 300.000 personas según el Sindicato de Inquilinas, 25.000 según la Delegación del Gobierno. Al terminar, el manifiesto del Sindicato llamó a ir a Sol, y cientos de personas levantaron tiendas de campaña frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de Ayuso. Esta mañana, según la propia Delegación, unas 500 personas habían pasado la noche en cerca de un centenar de tiendas, sin incidentes. Quince años después del 15M, el kilómetro cero vuelve a ser una plaza ocupada.
Este artículo parte de una convicción sencilla: el desahucio de Maricarmen no fue un abuso, un exceso ni un error del sistema. Fue el sistema funcionando exactamente como está diseñado para funcionar. Entender eso es la condición para que lo que ha empezado en Sol no acabe, como tantas otras veces, en frustración.
Un desahucio perfectamente legal
Conviene detenerse en los hechos, porque son más elocuentes que cualquier adjetivo. En 2018, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una sociedad dedicada a la compra, venta y gestión de activos inmobiliarios, adquirió el edificio. Maricarmen tenía un contrato de renta antigua, con varias subrogaciones a lo largo de las décadas. La empresa elevó el alquiler un 247% y fue a los tribunales para dar por extinguido el contrato. Maricarmen ganó en primera instancia; la Audiencia Provincial dio la razón a la empresa en apelación, y los recursos de su defensa ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional fueron inadmitidos. A partir de ahí, lo demás fue ejecución: un primer lanzamiento en octubre de 2025, suspendido cuatro meses; un segundo en junio de 2026, aplazado cerca de un mes por vulnerabilidad; y el definitivo esta semana.
Por el camino se ofrecieron todas las salidas imaginables dentro de las reglas del mercado. Hubo una mediación a través de Casa 47, la entidad estatal de vivienda, para que se comprara el piso y se alquilara a un precio razonable. La víspera del desahucio, una persona anónima se ofreció a pagar parte del alquiler. Intervinieron organismos de Naciones Unidas. La empresa rechazó todo, y además reclama 10.000 euros de daños y perjuicios al Sindicato de Inquilinas.
No hubo ilegalidad. Y precisamente ahí está el núcleo del problema. La negativa de Urbagestión no es crueldad gratuita, sino racionalidad de capital. Para Maricarmen, esa casa era setenta años de vida: un valor de uso insustituible. Para la empresa, el piso solo existe como valor de cambio, y un piso vacío en Retiro vale mucho más que un piso ocupado por una anciana con renta antigua. Cualquier oferta que la mantuviera dentro, por generosa que fuese, era por definición peor negocio que echarla. El derecho de propiedad, tal como lo protegen la ley y los tribunales, no distingue entre usar una casa para vivir y usarla para valorizar un capital. Y cuando ambos usos chocan, la ley ampara al segundo.
Engels ya lo había explicado
En 1872, en plena especulación inmobiliaria en las ciudades alemanas, Friedrich Engels escribió una serie de artículos polémicos contra los proudhonianos y los reformadores burgueses que se publicaron después como Contribución al problema de la vivienda. Su tesis central sigue siendo de una actualidad incómoda: la escasez de vivienda obrera no es un accidente ni el resultado de la codicia de algunos caseros particularmente malvados, sino un producto necesario del modo de producción capitalista. Mientras la vivienda sea una mercancía y el suelo urbano un monopolio privado, la carencia de vivienda para quienes viven de su trabajo no se resolverá.
Engels observaba además que la burguesía solo conoce un método para "resolver" la cuestión de la vivienda: desplazarla. Cuando el centro de una ciudad se revaloriza, los barrios obreros se derriban o se vacían, y el problema reaparece un poco más lejos, en la periferia. Lo llamó el método Haussmann, por el prefecto que reordenó París a golpe de expulsión. En la acampada de Sol, un manifestante de 37 años contaba a la prensa que había tenido que dejar un piso compartido en el centro para irse a otro piso compartido en un barrio periférico, a cuarenta minutos del trabajo. Es el mismo mecanismo, siglo y medio después.
De ahí se desprende una advertencia útil para el movimiento. Urbagestión niega ser un "fondo buitre", y el debate sobre si lo es o no resulta, en el fondo, secundario. Si la respuesta se construye solo contra los propietarios más despiadados, se deja intacta la lógica que produce a esos propietarios. El problema no es una empresa con mala conciencia, sino un régimen de propiedad en el que el techo de una persona puede ser el activo financiero de otra.
La renta del suelo y el capital que busca refugio
Marx dedicó la sección sexta del Libro III de El capital a la renta del suelo. Su análisis muestra que el propietario del suelo, por el mero hecho de monopolizarlo, se apropia de una parte del plusvalor producido socialmente, sin intervenir en su producción. En las ciudades, esa renta depende sobre todo de la localización: un metro cuadrado en Retiro no vale más por lo que se ha construido encima, sino por el lugar que ocupa en la trama de la ciudad, en sus servicios, en su centralidad, todo ello producido colectivamente.
Lo que ha cambiado desde los tiempos de Marx y Engels es la escala y la forma. La vivienda se ha convertido en uno de los principales destinos de un capital sobreacumulado que no encuentra rentabilidad suficiente en la producción. Tras la crisis de 2008, las instituciones públicas no solo no frenaron ese proceso, sino que lo facilitaron: en 2013 el propio Ayuntamiento de Madrid vendió más de 1.800 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda a una filial de Blackstone. Una subida del 247% en el alquiler de Maricarmen no es un capricho: es la diferencia entre la renta que pagaba y la que el mercado permite extraer hoy de ese suelo. El desahucio es simplemente el procedimiento para cobrarla.
Hay una consecuencia que el movimiento obrero no puede ignorar. El coste de la vivienda forma parte del valor de la fuerza de trabajo: con el salario se paga el alquiler. Cada subida de rentas es, por tanto, un recorte del salario real que no pasa por la negociación colectiva ni por ninguna mesa de diálogo social. La lucha por la vivienda no es una cuestión sectorial de inquilinos, sino una parte de la lucha de clases en su sentido más estricto.
El Estado no es un árbitro
El caso de Maricarmen ha puesto a la vista, con una claridad poco habitual, el papel del aparato del Estado. Un juzgado ordenó el lanzamiento; los tribunales superiores cerraron la vía de recurso; la policía lo ejecutó con un despliegue desproporcionado y, esa misma tarde, cargó con material antidisturbios contra una protesta pacífica. La Delegación del Gobierno, que depende del Gobierno central de coalición entre PSOE y Sumar, ha abierto una investigación sobre posibles excesos de sus propios agentes. El Ayuntamiento de Almeida, por su parte, ha rechazado una oferta de la empresa para quedarse con el piso y ha abierto una mediación, cuando Maricarmen ya estaba en la calle.
La escena desmiente una ilusión muy extendida: la de que el Estado es un árbitro neutral que puede inclinarse hacia un lado u otro según quién gobierne. Lenin lo formuló en El Estado y la revolución como un órgano de dominación de clase, y la experiencia de esta semana lo confirma de forma casi didáctica: un gobierno autonómico de derechas, un ayuntamiento de derechas y un gobierno central que se presenta como el más progresista de la historia han compartido, cada uno en su papel, la gestión del mismo desahucio. Ninguno de ellos tiene, dentro de la legalidad vigente, capacidad ni voluntad para impedir que un derecho de propiedad se imponga sobre una vida.
El "decreto Maricarmen" y sus límites
La movilización tiene ahora un horizonte inmediato: el Consejo de Ministros del martes 29. El presidente del Gobierno ha anunciado que llevará allí el decreto de vivienda; Sumar había amenazado con no acudir si no se incluía en el orden del día; y el Ministerio de Vivienda negocia con Junts, según la prensa, prohibir los desahucios en pisos de fondos buitre e impedir que estos compren inmuebles. Las reivindicaciones que el Sindicato de Inquilinas ha agrupado bajo el nombre de "decreto Maricarmen" incluyen medidas estructurales para impedir los desahucios, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que regule los alquileres de temporada y por habitaciones, la congelación de los precios actuales, prórrogas efectivas y la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos. Su portavoz, Alicia del Río, ha llegado a advertir de que, si el decreto no se aprueba, el Gobierno debería replantearse su continuidad.
Cada una de esas medidas, si se conquista, será una victoria real y merece ser defendida sin reservas. Los contratos indefinidos, en particular, atacan directamente el mecanismo que convierte cada renovación en una oportunidad de subida o de expulsión. Pero sería un error presentar el decreto como la solución. Un texto negociado con un partido de la burguesía catalana saldrá, previsiblemente, recortado respecto a lo que se exige en la calle. Un decreto puede ser convalidado o tumbado en el Congreso, recurrido ante el Constitucional o derogado por el siguiente gobierno. Y, sobre todo, ninguna de estas medidas toca la propiedad: regulan las condiciones en que el capital explota la vivienda, pero no le quitan la vivienda al capital.
La tradición marxista ofrece una forma de abordar esta tensión sin caer ni en el reformismo ni en el sectarismo. En el Programa de transición de 1938, Trotski planteaba la necesidad de reivindicaciones que partieran de las necesidades inmediatas y de la conciencia actual de las masas, pero que condujeran, por su propia lógica, a cuestionar las bases de la propiedad capitalista. Aplicado a la vivienda, eso significa no conformarse con pedir que se desahucie menos, sino exigir la paralización de todos los desahucios sin condiciones de vulnerabilidad que haya que acreditar ante un funcionario; la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de grandes tenedores y fondos; la creación de un parque público masivo, gestionado bajo control de inquilinas, vecinos y trabajadores, y no por empresas públicas que en cualquier momento se venden a Blackstone. Y, en lo inmediato, que Maricarmen vuelva a su casa. Estas no son consignas decorativas: son la única forma de que la vivienda deje de ser una mercancía.
Sol, quince años después
La acampada evoca inevitablemente el 15M, y esa memoria es a la vez una fuerza y una advertencia. En 2011, las plazas demostraron que millones de personas estaban dispuestas a romper con la resignación. Pero aquella energía, sin programa ni organización propias, acabó canalizada hacia proyectos electorales que terminaron sentados en el Consejo de Ministros, gestionando la misma Delegación del Gobierno cuya policía disparó pelotas de goma el miércoles. No se trata de reprochar nada a quienes acamparon entonces, sino de sacar las conclusiones.
La primera es que la acampada no puede ser un fin en sí misma ni disolverse el martes, pase lo que pase en el Consejo de Ministros. Si el decreto es insuficiente, la movilización tendrá que seguir; si contiene avances, habrá que defenderlos en su aplicación, que es donde las leyes de vivienda suelen morir. La segunda es que las asambleas de la plaza tienen que convertirse en organización estable, en los barrios y en los bloques, allí donde se produce cada desahucio. La tercera, y probablemente la decisiva, es que la lucha por la vivienda tiene que encontrarse con la clase trabajadora organizada en sus centros de trabajo. Si el alquiler es un recorte del salario, los sindicatos no pueden seguir tratándolo como un asunto ajeno. Una huelga de alquileres respaldada por comités de empresa y secciones sindicales tendría un peso que ningún fondo de inversión podría ignorar.
Maricarmen ha dicho a su manera lo que Engels escribió hace siglo y medio: que una casa es un hogar antes que un activo. La consigna que recorre Madrid, "ni una Maricarmen más", solo podrá cumplirse de verdad cuando esa verdad elemental deje de chocar con el orden jurídico y económico en que vivimos. Esa es la tarea que se abre hoy en Sol.
Fuentes periodísticas consultadas
Casado, Diego: "La marcha por la vivienda se transforma en una acampada en la Puerta del Sol", Somos Madrid / elDiario.es, 26 de septiembre de 2026. https://www.eldiario.es/madrid/somos/marcha-vivienda-transforma-acampada-puerta-sol_1_13540965.html
"Urbagestión, la empresa que ha desahuciado a Maricarmen, se negó a darle unas horas para sacar sus cosas", El Español, 23 de septiembre de 2026. https://www.elespanol.com/madrid/sociedad/20260923/urbagestion-empresa-desahuciado-maricarmen-madrid-negaron-darle-horas-sacar-cosas/1003744393722_0.html
"El desalojo de Maricarmen, de 87 años, causa indignación en España y pone bajo la lupa la crisis de vivienda", CNN en Español, 24 de septiembre de 2026. https://cnnespanol.cnn.com/2026/09/24/espana/maricarmen-desalojo-madrid-problema-vivienda-orix
"Quién está detrás de Urbagestión, el fondo que ha desahuciado a Maricarmen y niega ser un buitre", elDiario.es, septiembre de 2026. https://www.eldiario.es/economia/detras-urbagestion-fondo-desahuciado-maricarmen-niega-buitre_1_13532315.html
"Acampada en la Puerta del Sol por la vivienda", El Diario de Madrid, 27 de septiembre de 2026. https://www.eldiariodemadrid.es/articulo/vivienda/acampada-puerta-sol-madrid-vivienda-decreto-maricarmen-alquileres-desahucios/20260927090144142587.html
Magistris López, Olga: "Acampada en Sol para exigir el decreto Maricarmen de vivienda", Noticias para Municipios, 27 de septiembre de 2026. https://noticiasparamunicipios.com/comunidad-madrid/primera-noche-de-acampada-en-sol-para-exigir-el-decreto-maricarmen/
"Última hora de la acampada por la vivienda en Sol, en directo", elDiario.es, 27 de septiembre de 2026. https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-acampada-vivienda-sol-directo_6_13541224.html
Bibliografía
Engels, Friedrich: Contribución al problema de la vivienda (1872-1873). [Editorial Fundación Federico Engels, Madrid, 2003)
Marx, Karl: El capital. Crítica de la economía política, Libro III, sección sexta, "Transformación de la plusganancia en renta del suelo". Editorial s. XXI, edición de Pedro Scaron)
Lenin, V. I.: El Estado y la revolución (1917). Fundación Federico Engels, 1ª ed, Madrid, 2003)
Trotski, León: El programa de transición. La agonía mortal del capitalismo y las tareas de la IV Internacional (1938). Fundación Federico Engels, Madrid, 2008.